La noche del 4 de julio de 1991, mediante la transmisión de televisión, los colombianos escuchamos asombrados el coro de El Mesías, de Händel, mientras los constituyentes, uno a uno, firmaban la nueva Constitución Política de Colombia en el Capitolio Nacional. En el momento más álgido de la Violencia, la respuesta de los colombianos fue un llamado al diálogo y el consenso. La esperanza del futuro estaba puesta en ese tratado de paz y en el efecto transformador que traería para la sociedad.
“La vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente” era la consigna que se coreaba por las calles en 1990
Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que habían sido elegidos por voto popular para darle forma al nuevo Estado colombiano, representaban por primera vez la pluralidad del país. Como reflejo de ese grupo que redactó la Constitución, se reconocieron en la Carta de Derechos la diversidad política, la territorial, la étnica, la religiosa y la de género; se abrieron caminos para la participación democrática y se hizo explícita la promesa de igualdad, requisito indispensable para hacer efectivo el Estado social de derecho.
La garantía de los derechos se hace posible cuando la gente hace propia la Constitución; cuando la ejerce, la hace parte de su vida y la utiliza para hacer valer sus derechos que, ahí escritos, son una promesa de dignidad. La Constitución no solo es un marco que ordena, sino un techo que intenta protegernos, diversos como somos, de la arbitrariedad.
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¿De dónde veníamos?
Las Constituciones previas a la de 1991 eran limitadas en su definición de ciudadanía, pues la mayoría solo reconocía como ciudadanos activos a los hombres mayores de edad, con propiedades y que supieran leer y escribir. Además, fueron restrictivas en la participación del pueblo en su elaboración. Fueron redactadas por un grupo pequeño de personas privilegiadas, delegadas por el gobierno y que no representaban, en su totalidad, la voluntad de todos los habitantes del país. Sin embargo, a lo largo de los siglos XIX y XX, muchos movimientos sociales y miles de ciudadanos lograron grandes victorias para nuestra democracia: la libertad de miles de esclavos, el derecho al voto de las mujeres o la participación ciudadana en la elección popular de alcaldes, entre muchas otras. Todos estos avances fueron modificando poco a poco la Constitución de 1886, por lo cual perdió su vigencia.
Constituciones del siglo XIX
Las Constituciones del siglo XIX invocaban a Dios como autor y fuente del poder, lo que mostraba la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado. La de 1863 fue una excepción; destacaba el mandato del pueblo como autoridad para la nueva Constitución. La mayoría de ellas, además, señalaban que la religión oficial de Colombia era el catolicismo y establecían mecanismos para su protección.
Plebiscito de 1957
En 1957 se convocó un plebiscito para reafirmar el voto femenino y establecer el Frente Nacional, un acuerdo que repartía equitativamente el poder del estado entre liberales y conservadores, con el objetivo de frenar la violencia que había golpeado a toda Colombia. El resultado de las votaciones fue un sí contundente, con cerca del 95% a favor. Uno de sus efectos fue la exclusión política de otros sectores y movimientos políticos y si bien el acuerdo debía finalizar formalmente en 1974, diversos rezagos y prácticas institucionalizadas impidieron la participación real y efectiva de otras opciones políticas en los años siguientes.
Una luz en el edificio Colombia
Durante la segunda mitad de los años ochenta, la sociedad colombiana vivió una mezcla de desasosiego y esperanza. Actores armados atacaban desde diferentes frentes, ponían en riesgo la sobrevivencia de la democracia y la estabilidad de las instituciones a punta de bombas y asesinatos selectivos. Sin embargo, la respuesta de varios sectores de la sociedad fue un llamado para generar un gran diálogo nacional que permitiera definir un marco más amplio para la democracia colombiana, alimentado por desmovilizaciones de varios grupos guerrilleros que durante años habían acudido a las armas por la exclusión política. Después de la Marcha del Silencio realizada el 25 de agosto de 1989 en respuesta al asesinato de Luis Carlos Galán, empezó a consolidarse el movimiento estudiantil que impulsaría la idea de una nueva Constitución. Estudiantes de universidades privadas y públicas, así como estudiantes de bachillerato, comenzaron a buscar alternativas para salir de la crisis.
El movimiento estudiantil
“La vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente” era la consigna que se coreaba por las calles en 1990. La propuesta del movimiento estudiantil era depositar una papeleta extra en las elecciones del 11 de marzo de 1990 para convocar una Asamblea Constituyente. Aunque la llamada “séptima papeleta” no fue escrutada oficialmente por la Registraduría, se estima que dos millones fueron incluidas por los votantes, lo que fue recibido con entusiasmo por la sociedad colombiana.
La convocatoria posible
La votación informal de la séptima papeleta en las elecciones de marzo creó un hecho político que le permitió al gobierno facultar a la Registraduría para contabilizar los votos que se introdujeran por la convocatoria a la Asamblea Constituyente en las elecciones presidenciales de mayo de 1990. Así mismo, legitimó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que abrió la salida jurídica a la validez de una constituyente, casi un imposible a la luz de la vigente Constitución de 1886. Un total de 5.236.863 personas dio el sí por la Asamblea en las urnas durante la jornada de elección presidencial.
Asamblea Nacional Constituyente
El 9 de diciembre de 1990, después de una campaña electoral rápida y novedosa, candidatos de partidos políticos y movimientos sociales fueron elegidos a fin de conformar el grupo de 70 constituyentes, quienes fueron el primer retrato oficial de la pluralidad política de Colombia. Los elegidos venían de partidos tradicionales y recién nacidos, de gobiernos indígenas y de cátedras universitarias, de la literatura y del fútbol. Se organizaron en cinco comisiones y trabajaron durante cinco meses en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Los debates de la Asamblea demostraron que la democracia sí aguantaba la discusión entre contrarios y la construcción consensuada de un mejor país. El resultado fue una Constitución que robusteció la democracia al entregarle al ciudadano más herramientas para su participación, afianzó la descentralización, consagró los derechos económicos, sociales y culturales, señaló los recursos de primordial conservación, concibió una estructura de pesos y contrapesos, le dio autonomía al Banco de la República y creó instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, entre otras.
Propuestas del pueblo
Con el fin de garantizar que la Asamblea Nacional Constituyente escuchara las voces de diferentes sectores de la sociedad civil, se convocaron varias mesas de trabajo en todo el país en las que la gente podía expresar sus propuestas. Las cerca de 150.000 propuestas que llegaron se organizaron y, dependiendo del tema, se asignaron a la comisión correspondiente. Las propuestas fueron un reflejo del sentimiento de miles de ciudadanos que le apostaban a la Constitución como el camino para salir de la violencia reinante.
Polémicas durante la Asamblea
La Asamblea se caracterizó por la participación de diferentes sectores políticos que llegaron a un consenso con respecto a los principios fundamentales, las reformas sociales y económicas y la transformación institucional. Sin embargo, también hubo puntos de disenso y muchos tuvieron repercusión en la opinión pública y un amplio cubrimiento en los medios, como el cierre del Congreso y la aprobación de la no extradición de nacionales.
Palabras
Derechos
La Constitución de 1991 es conocida por la transformación que significó en temas de derechos. Si en la Constitución de 1886 los derechos ocupaban un papel secundario, en la de 1991 ocupan un lugar central, con cerca de 70 artículos. Hay tres tipos de derechos consagrados en la Constitución: los civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales; y los colectivos y del medio ambiente. Los primeros buscan garantizar la libertad de los ciudadanos para vivir una vida libre de impedimentos arbitrarios; los segundos buscan proveer un acceso igualitario a ciertas garantías sociales mínimas, que buscan combatir problemas como la enfermedad, la ignorancia y la pobreza; y los terceros tienen como objetivo proteger intereses colectivos que, por ser de todos, corren el riesgo de que nadie los asuma como suyos.
Diversidad
Durante la Asamblea muchas personas se asombraron por la presencia de dos constituyentes indígenas, pues durante cientos de años habían estado excluidos de participar en esos espacios políticos. Durante los cinco meses de debates en la constituyente se logró reconocer que Colombia es un país diverso, lo que se vio materializado en varios artículos de la nueva constitución. El principio de protección de la diversidad étnica y cultural es una manifestación directa del pluralismo, que a su vez se inspira en la tolerancia y el respeto activo. El pluralismo y la diversidad abren un espacio de inclusión y participación a grupos tradicionalmente discriminados, como lo son las minorías culturales, raciales, ideológicas, sexuales, religiosas y de cualquier otra índole.
Participación
El interés central de una democracia consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas, más allá del ejercicio del voto. Así, al establecer desde su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa, la Constitución de 1991 asume el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. En ella se diseñaron varios caminos para la participación de los ciudadanos en las decisiones, pasando de ser una democracia representativa a una democracia participativa, lo que la diferencia profundamente de la Constitución de 1886.
Justicia
En las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente se buscó fortalecer una rama judicial independiente que permitiera responder a los desafíos de la violencia y la delincuencia organizada, reconociendo una tradición de independencia y continuidad en la justicia colombiana. Para lograr esto se diseñaron diferentes instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y mecanismos como la acción de tutela, las acciones populares y las acciones de cumplimiento. La más conocida, la acción de tutela, entró como un artículo transitorio en la Constitución, pero se ha convertido en el instrumento más utilizado por los colombianos para acceder a la justicia, con más de cinco millones de acciones interpuestas al día de hoy.
Libertad
La libertad individual, de opinión, de prensa y de conciencia han sido pilares de los derechos desde el siglo XVIII. Fueron reconocidos en mayor o en menor medida por las constituciones del siglo XIX y están en el centro de la Constitución de 1991, que ratificó la libertad como derecho fundamental. Además, reconoció que cada persona goza de autonomía para decidir sobre su cuerpo, su educación, su estética personal, sus creencias, su dosis personal o el momento de su muerte, y que el Estado debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad de cada ciudadano.
Igualdad
En la Asamblea Nacional Constituyente no solo se proclamó la igualdad de todos los colombianos ante la ley, sino que también se estableció que el Estado debe promover la igualdad material, es decir, condiciones dignas para todos los ciudadanos. Esto permitió que la búsqueda de la igualdad no se quedara en el papel, sino que llevara a acciones puntuales como dar subsidios a los servicios públicos para los más pobres, crear cuotas para garantizar el acceso a la educación y a cargos públicos a sectores excluidos, que las parejas del mismo sexo tengan igualdad civil o las diferentes iglesias reciban un trato igualitario.
