En el año 1998 terminó la presidencia de Ernesto Samper, quien dejó el cargo con el país inmerso en graves problemas socioeconómicos y un gran descrédito público, producto del llamado proceso 8.000, a lo cual se suma un diálogo de paz fracasado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas negociaciones se llevaron a cabo gracias a una iniciativa civil que buscaba un acuerdo de paz con este grupo armado, liderada por la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), convocada por monseñor Pedro Rubiano Sáenz, quien decidió crear este proyecto con el fin de colaborar con la unificación nacional y la búsqueda de la paz.
A la CCN, desde su creación, la ha dirigido la cabeza del episcopado, aparte de que integra a varios miembros notables de la vida civil colombiana. El ELN no ha logrado construir una agenda clara para la negociación y no contempla la posibilidad de dejar las armas como garantía para la paz. Hoy en día, pese a que se han iniciado diálogos exploratorios con la guerrilla del ELN en varias ocasiones, estos diálogos se han suspendido y dicha guerrilla ha seguido cometiendo hechos de violencia.
1999: Diálogos de paz en San Vicente del Caguán
En 1999 se dieron los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, con una agenda acordada entre el presidente electo, Andrés Pastrana, y los altos cargos de las FARC-EP, conocida como “Política de paz para el cambio”. En esta se encontraban temas como derechos humanos, reformas agrarias, reformas políticas, paramilitarismo y derecho internacional humanitario.
En la metodología de los diálogos de paz del Caguán se incluyó una amplia participación de la sociedad civil, hecho que le dio relevancia ante la opinión pública. Hasta ese momento, era el proceso de paz con más difusión, y fue objeto de varias críticas tanto por la oposición política del expresidente Ernesto Samper, como de la opinión pública en general. La negociación tuvo un factor adverso, que consistió en que no hubo un cese total de actividades violentas por parte de las FARC-EP, pues fuera del departamento del Caquetá seguían en guerra con el Ejército Nacional, con grupos paramilitares e incluso con algunos narcotraficantes. La “zona de distensión” o “zona de despeje”, que era de 42.000 km2, cubría un municipio del Caquetá (San Vicente del Caguán) y cuatro del Meta (La Macarena, Mesetas, Uribe y Vistahermosa). Esta zona funcionó como un espacio permisivo para el rearme y el fortalecimiento militar del grupo guerrillero.
El plan Colombia
Durante los diálogos de paz de la administración de Pastrana, el gobierno implementó el Plan Colombia, una estrategia que para muchos suponía la intervención de Estados Unidos en el país. Con su puesta en marcha, se elevaron los índices de violencia y se aumentó la incertidumbre sobre el futuro de los diálogos de paz. El proceso terminó sin éxito tras el secuestro del congresista Jorge Eduardo Géchem Turbay por parte de las FARC-EP, lo que afectó la imagen del entonces presidente Andrés Pastrana y consolidó la mirada crítica sobre los aspectos funcionales de los diálogos de paz.
2003-2006: Proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
En el periodo 2003-2006, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dio el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), proceso de desmovilización, desarme y reinserción que se llevó a cabo en Santa Fe de Ralito (Tierralta, Córdoba). Este proceso permitió la desmovilización de 31.671 paramilitares pertenecientes a 34 bloques, al igual que el desarme y la reinserción a la vida civil de sus miembros. Como parte del proceso, se promulgó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), con la cual se buscaba garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Por medio de dicha ley se les otorgaban beneficios jurídicos y políticos a estos grupos, con el propósito de que aportaran al esclarecimiento de la verdad y a reparar a sus víctimas.
La incompleta desmovilización, la creación de disidencias y los rearmes son algunos de los fenómenos derivados que alimentaron las críticas sobre esta negociación. Adicionalmente, los grupos armados ilegales que se acogieron a este proceso no cumplieron lo pactado en relación con la verdad y la reparación de las víctimas.
La agenda del proceso de desmovilización, desarme y reinserción giró alrededor del asunto de la desmovilización, puesto que no hubo planteamientos respecto a reformas del Estado o a determinadas políticas públicas. Tras fuertes debates entre el gobierno, la oposición parlamentaria y organizaciones defensoras de derechos humanos, finalmente se aprobó la ley, con un par de artículos sobre jubileo y otorgamiento de estatus político a los paramilitares, lo cual fue blanco de fuertes críticas. Además, en la ley se aceptaba la declaración de versiones libres como un medio para acceder a beneficios jurídicos, algo duramente criticado por organizaciones de víctimas que denunciaban la no obligatoriedad de la confesión de los crímenes y delitos para acceder a los beneficios jurídicos.
Para la opinión pública, el paramilitarismo se convirtió en la oficialización de la guerra estatal sistemática o política de guerra interna, argumento que cobró fuerza desde el año 2001, cuando el jefe paramilitar Salvatore Mancuso se reunió, fuera del marco legal, con varios representantes políticos pertenecientes a la Cámara, el Senado, alcaldías, concejos y partidos políticos, con quienes firmó secretamente el llamado Pacto de Ralito para “refundar la patria”, pacto que desembocó en un hecho político conocido como “El escándalo de la parapolítica” (vínculos de políticos con paramilitares) y que hasta la fecha continúa en marcha. Hasta el día de hoy, organismos judiciales y legislativos del país han investigado a numerosos políticos y paramilitares, muchos de los cuales han resultado condenados.
Como garante de este proceso estuvo la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 19 de febrero de 2004, la OEA firmó un acuerdo con el gobierno para acompañar y verificar el cumplimiento de lo acordado por parte de las AUC, acompañamiento severamente cuestionado por sectores de la sociedad civil que señalaron la falta de rigurosidad y capacidad de sanción de la organización internacional para denunciar los incumplimientos de los bloques paramilitares.
2012: Acuerdo de paz con las FARC-EP
El 26 de agosto de 2012, el gobierno y las FARC-EP firmaron en La Habana el “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes. Esto contribuyó a que las FARC-EP declararan un alto el fuego unilateral entre el 20 de noviembre del mismo año y el 20 de enero de 2013. Ya en 2013 la mesa de negociación inició el diálogo sobre tenencia de tierras y desarrollo rural; simultáneamente, el grupo guerrillero reconoció su responsabilidad con las víctimas del conflicto armado. Para el mismo año, se avanzó en el primer acuerdo de la agenda aprobado por ambas partes, y se replanteó la importancia de la restitución de tierras y la remoción de cultivos ilícitos. De esta manera, se reconoció el territorio como víctima del conflicto armado.
Para el año 2014, el avance de las negociaciones se dio a través del segundo punto de la agenda (narcotráfico). El gobierno y las FARC-EP llegaron a un acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. La tercera propuesta, el cese del fuego unilateral e indefinido de las FARC-EP, tuvo algunas dificultades, pues en algunos periodos se suspendió, como ocurrió hacia el 22 de mayo de 2015, después de una escalada de conflicto armado. En ese año se decretó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (CEV), para conocer la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante este y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.
El 26 de septiembre de 2016 se firmó el acuerdo final en la ciudad de Cartagena, pero por decisión del gobierno se sometió a un plebiscito con la siguiente pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Pese a la seguridad del gobierno y de una parte de la ciudadanía, el NO resultó vencedor con un estrecho margen (50,21 %, frente a un 49,78 %) y con la abstención más alta en los últimos 22 años.
Este acontecimiento evidenció, por un lado, las profundas diferencias regionales en Colombia, ya que en las zonas donde hubo mayor impacto del conflicto armado con las FARC-EP ganó el SÍ y, por otro lado, dejó ver el control político que poseían los opositores del proceso. En el mismo año, el entonces presidente Juan Manuel Santos ganó el Nobel de Paz y donó el dinero del premio (ocho millones de coronas suecas, equivalentes a unos 950.000 dólares) a las víctimas del conflicto en Bojayá, escenario de una de las más recordadas masacres ocasionadas por enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC.
Al poco tiempo, Santos se reunió con los detractores del acuerdo, encabezados por Álvaro Uribe Vélez, pero no se llegó a un resultado claro, por lo que las FARC-EP y el equipo de negociación hicieron ajustes para tratar de facilitar la ejecución de los acuerdos. Finalmente, se firmó un nuevo acuerdo con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá.
Este proceso continúa con una ruta para la consolidación. En los últimos cinco años, los colombianos hemos visto avanzar y retroceder este pacto por la paz; todavía nos queda mucho por recorrer para formalizar el sueño de una paz estable, duradera y visible, por lo que seguimos en la construcción de este sueño colectivo.
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